viernes, 5 de marzo de 2010

Las últimas mujeres condenadas a muerte por la dictadura franquista. Recordemos el 8 de marzo a Concha Tristán y María Jesús Dasca. Ellas, militantes del FRAP, fueron arbitrariamente juzgadas por un tribunal militar, y condenadas a muerte el 18 de setiembre de 1975.

Tomás Pellicer

Mª Jesús Dasca Penelas era natural de Almenara, un municipio de la provincia de Castellón a orillas del Mediterráneo y próximo al Puerto de Sagunto donde se ubicaban los Altos Hornos, gran centro fabril de tradiciones de lucha obrera. Ella era militante de la Unión Popular del Campo (UPC), organización de jornaleros y jornaleras que formaban parte del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). En octubre del año 1972 la organización de Los Valles, la comarca del entorno saguntino, vergel de naranjales, incendió un almacén propiedad de un cacique falangista. Fueron detenidos y procesados por el Tribunal de Orden Público (TOP) nueve jóvenes jornaleros. Xussa, así la llamaban sus amigos, escapó a la caída y huyó a Madrid. Tenía 17 años.

En Madrid, Xussa continuó militando en las organizaciones del FRAP de forma clandestina, ocultando su nombre y escapó nuevamente a las masivas detenciones que como represalia a la manifestación del 1º de Mayo del 1973 desencadenaron las fuerzas represivas contra el FRAP. Detenida a primeros de septiembre de 1975, Xussa fue incluida en la causa 1/75 y juzgada en consejo de guerra sumarísimo. En el despropósito de acusaciones, conspiraciones y tramas absurdas que tejió el fiscal militar –ver el ABC del 19/09/1975, página 21- a ella la acusaron de ser responsable “del Partido Comunista de España” y de haber mantenido una entrevista con Concha Tristán, para ver quien daba la “orden” de atentar contra un teniente de la guardia civil. No tuvo otra acusación, ni siquiera la de dar la “orden”. Fue condenada a muerte. Tenía 20 años.

Concepción Tristán López era gaditana, enfermera de profesión. Había formado parte del grupo sanitario que atendió a los manifestantes heridos en los enfrentamientos del 1º de Mayo del 73. No fue detenida en las caídas de ese mes y continuó su militancia hasta su detención en septiembre de 1975. Era entonces responsable de agitación y propaganda de la zona norte de Madrid. El tribunal militar la acusó de haber mantenido “reuniones” con Sánchez-Bravo –fusilado el 27- para tratar el “atentado” a un teniente de la guardia civil –ver el ABC del 19/09/1975, páginas 21 y 22. No tuvo otra acusación. Fue condenada a muerte. Tenía 21 años.

Ellas, Xussa y Concha, no fueron fusiladas. Aguardaron una semana interminable como reas de muerte hasta que, el consejo de ministros del dictador estimó que estaban embarazadas y conmutó la pena de muerte por la de cadena perpetua. Fueron amnistiadas en 1977.

Y siguieron con sus vidas. Xussa fue periodista y Concha continuó siendo enfermera.
Hoy, uno de los vocales del sangriento tribunal militar que dictó cinco arbitrarias penas de muerte, el entonces capitán de ingenieros José Miguel de la Calle, es Teniente General – la máxima graduación a la que puede aspirar un militar – y ha sido nombrado en 2008 por la Ministra de Guerra, Carmen Chacón, como Jefe del Mando Logístico del Ejército de Tierra, en el circulo de confianza de la ministra.

Nuestras compañeras han muerto ya, anónimamente, sin ruidos, sin reconocimientos.



Nos dejaron sus años revolucionarios. El valor con el que se enfrentaron a la Bestia, ellas jóvenes luchadoras antifascistas.
La revisión de sus arbitrarios juicios y condenas, la reposición de su dignidad militante, no puede significar otra cosa que la revisión del proceso continuista. La revisión de un régimen político que continúa enalteciendo a los verdugos y humillando a sus víctimas. La revisión del estado impuesto en vida por el dictador.



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